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Unidos por un Tratado sobre Comercio de Armas efectivo

Yasmín Espinoza Goecke
Coordinadora del Programa Armas Bajo Control Amnistía Internacional-Chile
Yasmín Espinoza Goecke

Yasmín Espinoza Goecke

Durante los 10 años que llevo trabajando para Amnistía Internacional en Chile, nunca habría pensado que podría verme involucrada en un proceso tan importante como éste. Provengo de un continente, América Latina, que se ve constantemente afectado por la violencia armada: los feminicidios, el crimen organizado, los homicidios o los tiroteos relacionados con el tráfico de drogas están a la orden del día.

Aunque el caso de Chile no es tan grave como el de otros países del continente, también aquí se observa un incremento en el impacto de la violencia armada. Por ejemplo, en 2005 el número de personas heridas por esta causa en el país fue de 1207 y sólo entre enero y septiembre de 2011 ya era de 1957, lo que demuestra este incremento continuado. Además, como consecuencia del aumento de la sensación de inseguridad y de la desconfianza creciente en el sistema de justicia, la población está dando un giro hacia el uso de las armas para protegerse.

Esta cuestión es importante no sólo en términos de seguridad, sino también como un síntoma preocupante de la calidad de nuestra democracia y de la capacidad de los estados para cumplir de manera efectiva con su deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. La falta de control sobre las armas y la proliferación de la violencia armada contribuye al deterioro de las instituciones y dificulta los procesos de desarrollo de la región.

Ya en 2004, cuando era coordinadora de políticas para la defensa de los derechos de las mujeres, me tuve que enfrentar a las consecuencias de la violencia armada en países como Colombia, Guatemala o México. La primera pregunta que me tuve que hacer fue: ¿cómo podemos proteger los derechos humanos de manera efectiva?. Teniendo en cuenta el derecho reconocido de todos los Estados a protegerse que contiene la Carta de las NNUU, ¿cómo podemos conseguir que los Estados se comprometan a promover un comercio de armas responsable que a la vez no perjudique su derecho de vender, adquirir y poseer armas? Es un equilibrio difícil de conseguir, pero posible si hay voluntad política.

Cuando empecé a coordinar la campaña de Control Arms en Chile y empecé a participar en las sesiones del equipo de Amnistía en las NNUU, me di cuenta de hasta qué punto este trabajo supondría un gran reto, pero también una gran recompensa.

El reto principal con el que nos encontramos es el de llegar a un consenso sobre un texto legalmente vinculante que deje bien claros los estándares principales en cuanto a la importación, exportación y transferencia de armas convencionales y que evite que las armas acaben en el mercado ilícito; el establecimiento de sistemas de evaluación del riesgo para que los estados puedan asegurarse de que esas armas no terminarán usándose para cometer violaciones de los derechos humanos; y la implementación de mecanismos de transparencia adecuados.

En cuanto al primer punto, algunos países, entre los que se incluyen algunos de América Latina, preferirían que los criterios sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario fueran débiles, basándose en el argumento de que estos podrían no ser suficientemente objetivos y que algunos estados podrían usarlos para impedir que otros estados más pequeños adquirieran armas. Nada más lejos de la realidad. En palabras de Susan Waltz, de Amnistía Internacional: "no se puede construir un barco sin timón. Si el texto final no es capaz de encontrar un equilibrio entre las transferencias legítimas de armas y los principios que se centran en los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, las transferencias de armas del futuro sólo estarán reguladas por la realpolitik de las resoluciones del Consejo de Seguridad y por una mezcla de regulaciones y leyes regionales y nacionales ".

Por otra parte, garantizar una cobertura y un seguimiento adecuados es crucial para el éxito del tratado. Algunos países de la región no están a favor de un seguimiento obligatorio e inclusivo, porque dicen que ya hay "demasiado informes" y que esto podría afectar su soberanía nacional.

Efectivamente, hay un gran número de informes de transparencia internacionales y regionales como el UNROCA y el UNPOA, aunque muy pocos estados informan de manera anual sobre su actividad. El proceso de recogida de información para un tratado legalmente vinculante podría servir también para facilitar esta información a los instrumentos voluntarios de NNUU que ya existen. Así, los estados se podrían concentrar en cómo mejorar la eficacia de los mecanismos de presentación de informes de sus países y superar así el cansancio que supone presentar "tantos informes".

El argumento de que la soberanía de los estados podría ponerse en riesgo no tiene base real porque, en un mundo marcado por la globalización y wikileaks, el secreto ya no es una opción. Además, toda la información solicitada contribuiría a incrementar la transparencia y a mejorar la confianza mutua entre los estados.

A pesar de las dificultades que hemos sufrido durante este proceso y el reto de conseguir un acuerdo que sea legalmente vinculante y a la vez un instrumento efectivo de protección de los derechos humanos, hemos demostrado que un mundo diferente es posible. Contra pronóstico, nos acercamos a la Conferencia Diplomática con la esperanza de alcanzar nuestro objetivo. Aunque puede ser que no incluya todo lo que quisiéramos, nos esforzaremos al máximo para obtener un tratado que cumpla su función de proteger los derechos humanos, un tratado a "prueba de balas".