Editorial

La pérdida del monopolio de los medios de violencia masivo por parte de los Estados: una tendencia poliédrica, confirmada y preocupante

Rafael Grasa
Presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz

Este número de Per la Pau/Por la Paz está dedicado a la relación entre empresas y conflictos violentos y, de forma más general, a los vínculos entre empresas y el estado de la paz y de los derechos humanos en el mundo. Desde el ICIP nos ocupamos del tema en un contexto marcado por dos noticias publicadas durante el mes de agosto. La primera, el crecimiento de la venta de armas por parte de los Estados Unidos, que llegó en el año 2011 a los 66,3 millardos de dólares, tres cuartas partes del total mundial (85,3 millardos), muy por encima de Rusia, segundo exportador con 4,8 millardos (The New York Times, 26 de agosto de 2012, a partir de datos del Congressional Research Service, una institución no partidaria que forma parte de la Library of Congress). La cifra es todavía más significativa en términos comparativos: implica un incremento extraordinario respecto del año anterior y supone el segundo récord de ventas en un solo año de la historia, en un año marcado por la crisis económica y la recesión. Parece ser que las tensiones con Irán y su impacto sobre el gasto armamentístico de la zona del Golfo Pérsico (Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita), con compras de aviones de guerra y sistemas de defensa antimisiles, serian la causa.

La segunda noticia es la publicación del Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters, informe de referencia sobre los orígenes y consecuencias de la violencia armada y todas sus múltiples formas presentes en el planeta. Concretamente, formas de violencia presentes en contextos de conflicto abierto o de revueltas en curso, pero también vinculadas a violencia entre bandas, homicidios ligados al tráfico de drogas, al crimen transnacional organizado y a las diversas formas de violencia no política que provocan muertes y desplazamientos en el mundo. Los resultados, que por primera vez dejan atrás las cuentas compartimentadas (violencia interpersonal, violencia organizada, violencia criminal...), se pueden resumir así: más de 526.000 personas mueren cada año por causa de violencia letal; lo que significa que 369.000 personas mueren por homicidio, mientras que sólo 1 de cada 10 muertes son causadas por conflictos armados o actividades terroristas. Adicionalmente, el informe muestra otros datos significativos: 58 países del mundo tienen tasas de muerte violenta por encima de 10 personas por cada 100.000 habitantes, países que totalizan las dos terceras partes de las muertes violentas, siendo El Salvador, Irak y Jamaica las zonas más afectadas por la violencia letal entre 2004 y 2009; las muertes vinculadas a las bandas armadas y al crimen organizado son mucho más elevadas en América del Sur y América Central que en Asia o Europa. Además, se observa una clara asociación entre violencia letal e indicadores muy negativos de desarrollo, así como con resultados bastantes negativos en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Ambas noticias están relacionadas con los dos hechos que marcan las relaciones internacionales desde hace décadas: la pérdida del monopolio del control de los medios de masas de violencia por parte de los estados, una característica que sirvió justamente a Max Weber para definir el estado y, en segundo lugar, la preponderancia de actores privados en la esfera de la seguridad internacional, así como en las dimensiones económicas. Las dos características están en la base, junto con la globalización, de la compleja relación entre empresas, conflictos armados, derechos humanos y recursos naturales y -siguiendo el Global Burden 2011- con la violencia letal. Como muestran los diversos artículos, no es suficiente con observar, analizar y denunciar, hace falta actuar.

Las conclusiones de un reciente encuentro internacional en el que participó el ICIP (Ginebra 2012 UN discussion on the regulation of Private Military & Security Companies) lo dicen bien claro: " hará falta considerar la posibilitado de un marco regulador e internacional, que incluya la opción de elaborar un instrumento legalmente vinculante de regulación de las empresas de seguridad y militares privadas, que contemple estándares internacionales (...) con tal de proteger los derechos humanos".