En profundidad

Artículos centrales

Una introducción al debate sobre las posibles formas de regulación internacional del fenómeno de las EMSP

Helena Torroja Mateu
Profesora agregada de Derecho Internacional Público, UB- Jefe de Estudios del CEI
Helena Torroja Mateu

Helena Torroja Mateu

Existe hoy un debate abierto en el marco de las Naciones Unidas que versa sobre cuál es el método jurídico más conveniente para regular el fenómeno de las empresas militares y de seguridad privadas. Uno se basa en el "Proyecto de una posible convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP)" elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de Mercenarios del Consejo de Derechos Humanos, y presentado para su examen ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. El otro medio es el que se apoya en el existente Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios Privados de Seguridad(ICOC), adoptado en 2010 en el marco de la iniciativa de Suiza y del CICR, a instancias de importantes empresas del sector. Ambas formas enfrentan a dos grupos de Estados de características y afinidades opuestas. El Grupo occidental, en general, se opone al Proyecto de posible Convención, apoyando sus argumentos fundamentalmente en la suficiencia y efectividad del Código Internacional de Conducta, entre otros1; si bien, detrás están los intereses de los Estados que mas recurren a esta industria especialmente en sus operaciones militares en el extranjero. Frente a ello, algunos países asiáticos, liderados por China, junto a la Federación de Rusia, Cuba y otros como Nigeria… son incansables defensores del Proyecto de tratado2.

Estamos ante dos métodos que tienen una naturaleza jurídica, unos destinatarios y un objeto y fin con más diferencias que semejanzas.

El Proyecto de Convención, como su nombre indica, es un mero proyecto de "posible" convención, elaborado por los cinco expertos independientes, miembros del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, a petición del Consejo de Derechos Humanos en su resolución 10/11, de 26 de marzo de 2009. El propio Consejo acogió el texto y a fin de dar un impulso al proyecto, decidió crear el Grupo intergubernamental abierto, con el mandato de examinar la viabilidad o no del mismo3. Son los Estados los que, en base a su soberanía, decidirán o no adoptar este proyecto u otro que se pudiera elaborar. Es por tanto pronto para hablar,en sentido estricto,de un proyecto de Convenio internacional, porque no son los Estados los que han negociado y redactado el mismo, sino un Grupo de expertos del Consejo que muy cautelosamente incluye en el título proyecto de "posible" convención4.

El texto presentado por el Grupo de expertos parte de una concepción algo desconfiada del fenómeno de las EMSP, conocedores de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han ocasionado en algunos casos. El proyecto concretamente tiene dos propósitos: primero, obligar a los Estados a comprometerse a no delegar o externalizar "funciones inherentemente estatales"; segundo, establecer límites a los Estados en los casos en que decidan contratar o delegar las funciones que no entren dentro de la categoría anterior, limites tales como el establecimiento de un sistema de autorizaciones y registro central, un sistema de control sobre la formación en Derechos humanos y Derecho internacional humanitario del personal de las empresas, la tipificación y represión de las faltas y delitos que se pudieran cometer conforme a la Convención y otras normas internacionales; y el sometimiento a un control internacional del cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Convención.

El Código internacional de conducta por su parte, está redactado en base a la lógica comercial, con una concepción muy positiva de estas empresas; de hecho, es el resultado del impulso de un lobby poderoso formado por las Empresas británicas y estadounidenses más relevantes en el sector. Se trata de un texto especialmente dirigido a las empresas; hoy son 357 las que lo han suscrito5. Es un texto sin carácter jurídico vinculante, al contener tan solo recomendaciones no exigibles ante instancias judiciales, sino ante instancias propias (precisamente en estos momentos se está debatiendo la adopción de una Carta del ICOC, que tiene por fin regular el mecanismo de supervisión de la aplicación del Código).El Código tiene por objeto y fin, entre otros, establecer minuciosamente las obligaciones de Derechos Humanos y de Derecho internacional humanitario que deben respetar las empresas. No hay espacio aquí para el contenido, pero de su lectura se desprende fácilmente la lógica comercial que encierra.

Visto lo anterior, todo debate sobe cuál de las dos formas es la conveniente, debe partir de los siguientes presupuestos:

Primero.- El debate no debería plantearse en la oposición radical entre ambas formas: o futura Convención o Código de Conducta. No es acertado porque no son documentos ni comparables como hemos visto, ni son excluyentes, porque pueden coexistir perfectamente, y así lo ha planteado el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios.

Segundo.- El debate debería centrarse en el porqué es necesaria una convención internacional, que podría incluir tanto codificación como desarrollo progresivo en la materia. En la respuesta a esta pregunta se encuentra una cuestión de fondo: qué concepción se defiende sobre el Estado de Derecho, y en concreto sobre la competencia soberana del poder coercitivo. Bien es cierto, que frente a la liberalización de determinados servicios públicos del Estado, uno puede tener una concepción más o menos liberal, más o menos socialdemócrata. Pero no estamos aquí hablando de un servicio público como puede ser la sanidad, educación, transportes... Estamos hablando de una parte esencial del núcleo duro de la soberanía sobre la que se construyó el Estado Moderno en Westfalia: el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que es hoy piedra angular del Estado de Derecho; no puede negarse que los límites del poder coercitivo del legislativo (su sometimiento a los poderes legislativo y judicial) son una garantía para el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Ni si quiera una concepción liberal en exceso jamás aceptaría la privatización/externalización del uso legítimo de la fuerza6. Armando a las empresas se está sobrepasando la propia noción de Estado de Derecho con sus elementos definidores (democracia, derechos humanos, principio de legalidad, división de poderes).


1. Se trata de Bélgica, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Japón, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre otros (ver CDH, Resolución 15/26, de 1 de octubre de 2010). (Volver)
2. Se trata de Brasil, Burkina, Faso, Camerún, Chile, China, Cuba, Djibouti, Ecuador, Federación de Rusia, Gabón, Ghana, Guatemala, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kirguistán, entre otros (Ibidem). (Volver)
3. Consejo de Derechos Humanos, Resolución 15/26 de 1 de octubre de 2010, 32 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones (punto 4 de la parte dispositiva). (Volver)
4. Sobre los antecedentes de la elaboración del Proyecto y su contenido ver; Gómez del Prado, JL y Torroja Mateu, H., Hacia la regulación internacional de las EMSP, Marcial Pons, 2011. (Volver)
5. Se encuentran todos los detalles enwww.icoc-psp.org (Volver)
6. Hayeck, F.A., The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press, Chicago, 1960 (primera edición de 1934), p. 133 y ss. (Volver)