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Colombia, ¿una paz de vencedores y vencidos? Retos del desarrollo humano en un contexto de construcción de paz

Alejandro Matos
Director de Intermón Oxfam en Colombia
Alejandro Matos

Alejandro Matos

Son múltiples los factores que en Colombia imbrican al desarrollo con las causas del conflicto armado. Me referiré brevemente en este artículo a dos de ellos: las tierras y la minería. Ambos factores están íntimamente relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cuyas dimensiones son el reflejo de nuestros problemas y de las simas para un desarrollo humano.

Tierras. El modelo de desarrollo rural levantado en Colombia es altamente inequitativo y excluyente, lo cual favorece la generación de innumerables conflictos. La usurpación y abandono de tierras en Colombia por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 afectó al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Prácticamente la mitad de estas tierras fueron usurpadas o abandonadas entre 1998 y 2010. El artículo 99 de la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, que forma parte del marco legal para la paz, establece que si las tierras usurpadas al pequeño campesino se encuentran en posesión de empresas con megaproyectos (palma africana, caucho, maíz, etc.) pueden ocurrir dos cosas: si la multinacional tiene las tierras de buena fe, el pequeño campesino está obligado a negociar con ella (es decir, con un poderosísimo bufete de abogados) porque la productividad prima sobre los derechos del campesino. Si la multinacional no es poseedora de buena fe, los megaproyectos pasarán a una entidad estatal que, a su vez lo entregará a un tercero (posiblemente a otra multinacional) y los beneficios serían para restitución colectiva, incluido el propietario pequeño campesino. En cualquier caso, no existe el reconocimiento integral de los derechos del pequeño campesino del uso y goce de su propia tierra usurpada. Esta disposición legislativa dificulta enormemente el retorno de la población desplazada forzadamente para que reconstruya su proyecto de vida y es un ejemplo de cómo en Colombia, incluso a la hora de hacer las leyes de la paz, se insiste en la apuesta política por un desarrollo desigual en el que los derechos de las clases pobres son supeditados a los intereses económicos de las élites.

Minería. Colombia no ha sido un país tradicionalmente extractivo, si lo comparamos por ejemplo con Venezuela. Sin embargo, la industria extractiva se ha visto relacionada con la financiación del conflicto armado:por razones de extorsión han pagado a las guerrillas y para no seguir pagando han financiado la creación de grupos paramilitares y/o brigadas del Ejército que luego, en ocasiones, han sido utilizadas para diversas tareas sucias, como la eliminación de sindicalistas o el desplazamiento de la población para la exploración energética. El presidente Santos declaró que su gobierno sería impulsado a nivel económico por la locomotora minera. Y así está ocurriendo, pero sin una política de desarrollo rural ni medioambiental que garantice la conservación del medio y de los habitantes en él, desconociendo, una vez más, los derechos de los ciudadanos en los territorios afectados por el impacto de la explotación de los recursos naturales.1 El crecimiento de la minería en Colombia no está proyectado para un fortalecimiento de la industria y manufactura nacional, sino que forma parte de la estrategia transnacional que busca en los países del sur satisfacer la alta demanda internacional de minerales y energía de los países desarrollados o economías emergentes. En este marco, el gobierno central tendrá menos poder de decisión, no digamos nada de los gobiernos locales y mucho menos de los indígenas, afros y campesinos en cuyos territorios está el petróleo, el coltán o el ansiado oro.

Afortunadamente, hace tiempo que se dejó de considerar el desarrollo como un proceso de meros datos económicos y se pasó a concebirlo como "un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos" y, por tanto, los derechos son tanto el fin primordial como el medio principal del desarrollo.2 En Colombia, el nivel de violaciones de derechos humanos relacionadas con los dos factores antes mencionados es tan grave que supone en sí un reto para el desarrollo humano y por ende, para la construcción de la paz. Cabe recordar por ejemplo que a octubre de 2011 el Registro Nacional de Desaparecidos incluía 16.884 personas víctimas de desaparición forzada.3 Por otro lado, el Estado colombiano está investigando alrededor de 2.500 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en su mayoría entre 2004 y 2008 que suponen, como mínimo, 3.527 víctimas.4

El "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", hoja de ruta que guía las actuales negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC, habla de verdad, pero no menciona la justicia. Con frecuencia se menciona a Sudáfrica como ejemplo de un conflicto solucionado a través de la verdad. Sin embargo, no se tiene en cuenta que la importancia de la sola verdad fue directamente proporcional al hecho de que los oprimidos por el apartheid son ahora los que tienen el poder. En Colombia no se negociará que las víctimas (los indígenas, niños/as, mujeres, afros, campesinos, sindicalistas, etc.) vayan a detentar el poder. Probablemente continuarán en la opresión y exclusión.

Por ello podría ocurrir que de este proceso surja una paz de vencedores y vencidos. Pero no al uso común, una parte del conflicto sobre la otra parte. Podría ser que los vencedores sean las partes del conflicto (terratenientes, políticos, guerrilleros, paramilitares, militares, empresarios, ganaderos, etc.) y los vencidos las víctimas del mismo y el amplio grueso de la población civil, especialmente si ésta es de clase pobre y/o de comunidad étnica diferente a la blanca criolla. Este desenlace reproduciría escrupulosamente el modelo de desarrollo inequitativo que ha desplegado Colombia en sus más de dos siglos de existencia. Si la impunidad, la inversión transnacional y la legalización de la acumulación se imponen, no cabe duda que el proceso de fin del conflicto que ahora comienza contribuirá de modo generoso a fortalecer, paradójica pero realmente, las causas de la guerra.


1Cf. CINEP, "Minería, conflictos sociales y violación de los derechos humanos en Colombia", Bogotá, Octubre 2012. (Volver)
2 Sen, Amartya, Desarrollo y libertad Planeta, Bogotá, 2003, p.55.(Volver)
3Informe Colombia 2011 OACNUDH, A/HRC/19/21/Add.3, Bogotá 31 de enero de 2012, numeral 62.(Volver)
4Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la ACNUDH, "Presentación del Informe Anual de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2011", http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=133&cat=24(Volver)