Editorial

La relación entre conflictos y recursos naturales desde la investigación para la paz y la transformación de conflictos

Rafael Grasa
Presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz

Desde la óptica de la investigación para la paz y la transformación de conflictos, la relación entre conflictos violentos y medio ambiente es un tema de análisis  desde hace décadas. De hecho, se suele hablar de "conflictos ambientales" al menos de dos maneras. La primera, para aludir a conflictos relacionados con la agenda medioambiental (vertederos, recursos naturales, gestión del agua, gestión de residuos, cambio climático...), es decir, conflictos sociales, a menudo generados por motivos de incompatibilidad o antagonismo de tipo distributivo, que afectan a bienes o problemas medioambientales. La segunda, más reciente, es la que usa la expresión para referirse a conflictos novedosos, de tipo medioambiental, que exigen herramientas específicas de análisis e intervención, como la biopiratería o, en el contexto del presente número, los conflictos vinculados con las industrias extractivas.

Actualmente, la posición dominante, el uso estándar, es el primero: los conflictos medioambientales son un tipo particular de conflicto social, al que tienen que aplicarse las mismas herramientas de análisis y de intervención (gestión, resolución y transformación) que en el resto de conflictos. Se admite que tienen especificidades, que afectan a las motivaciones e intereses de los actores, a las razones de la incompatibilidad y a las conductas de los actores a lo largo del proceso del conflicto.

Se los ha bautizado como conflictos socio-ambientales, porque las causalidades y explicaciones sociales y ambientales están siempre unidas, y son conflictos que proliferan  en las sociedades desarrolladas. Un desarrollo reciente que permite entender los casos que se presentan en la revista es el derivado de la colaboración entre expertos en transformación de conflictos y conocedores de conflictos socio-ambientales concretos. El resultado, cajas de herramientas y pautas de análisis que parten de unos supuestos claros, que pueden resumirse así:

  1. Los conflictos han de entenderse siempre como situaciones dinámicas.
  2. Los conflictos socio-ambientales, al contar con factores sociales y ambientales, aceleran y agudizan este carácter dinámico, incrementando el potencial de polarización y enfrentamiento, dado que casi siempre se cierne sobre algunos de los actores enfrentados una percepción de agravio, de injusticia, de problema distributivo no resuelto.
  3. Los conflictos socio-ambientales "intratables", es decir los resistentes en su gestión y resolución, agudizan todavía más este dinamismo y la polarización; a pesar de la evolución del conflicto, las partes enfrentadas tienen constantemente la percepción que el antagonismo es total, irresoluble, permanente.
  4. La razón, el marco o visión estereotipada del conflicto, que acaba condicionando la mirada sobre los temas de la agenda, las eventuales soluciones justas o aceptables, lo que obliga, si se busca una solución, a "recuadrar" (reframing), a cambiar la percepción. De lo contrario, la solución mutuamente aceptable se convierte en inviable.

Un buen ejemplo de ésta aproximación es justamente el relativo a una de las fuentes de conflictividad socio-ambiental, con un buen número de ejemplos violentos en los últimos años, la relacionada con las industrias extractivas de recursos naturales. La expansión de las actividades de las industrias extractivas en los países del Sur ha generado una miríada de conflictos socio-ambientales. En África, por ejemplo, podemos encontrar conflictos relacionados con la contaminación como los analizados aquí, derivados de la extracción de petróleo en el delta del Níger o, en menor escala, la contaminación provocada por la minería en Tanzania. Encontramos también conflictos relacionados con la degradación de suministros vitales para la vida u otros  que generan desplazamientos forzosos de la población, por ejemplo en Botsuana, Ghana, Namibia o Tanzania. En el caso de Asia, encontramos conflictos en diversos lugares extractivos, como Indonesia, Papua-Nueva Guinea, Filipinas o Tailandia, e incluso, conflictos armados transnacionales, como por ejemplo en la India a causa de la minería del oro.

El caso de América Latina, los conflictos también han abundado en los lugares extractivos, mediante enfrentamientos de las poblaciones locales con el Estado o las empresas extractivas a propósito del uso de la tierra, la contaminación o la distribución de los ingresos derivados de la explotación de los recursos. Por todas partes, pues, se convierte en primordial reflexionar sobre cómo analizar, prevenir y gestionar los escenarios de conflicto derivados de la extracción, gestión y uso de recursos naturales.

El caso de América Latina es útil para hacer algunas consideraciones sobre las causas y sobre algunas lecciones aprendidas. La multiplicación de los conflictos socio-ambientales en América Latina se explica por cuatro causas vinculadas. Primero, por la consolidación de un modelo de exportación del sector primario que ha generado un nuevo ciclo de expansión geográfica de los proyectos extractivos, abriendo nuevas fronteras para la extracción. A modo de ejemplo, en Perú, 65 espacios ricos en hidrocarburos abarcan más del 70% del territorio amazónico del país, muchos de ellos situados en espacios de titularidad indígena o considerados zonas protegidas. En Bolivia, se ha asignado a la compañía estatal para la exploración y eventual explotación el 55% del territorio nacional, al ser zonas potencialmente ricas en hidrocarburos. En segundo lugar, en la región se ha dejado de percibir la actividad extractiva como una fuente de ocupación, sobre todo porque los nuevos proyectos extractivos contratan muy poca mano de obra local, lo cual ha acelerado la percepción, al disminuir la ganancia a corto plazo, de la importancia de la degradación ambiental. Dicho de otro modo, los conflictos han pasado de ser enfrentamientos por temas laborales a estar centrados en preocupaciones medioambientales. Tercero, los problemas distributivos ganan peso e incrementan la polarización, de forma que los desacuerdos sobre la distribución y uso de los ingresos derivados de las actividades extractivas están enfrentando empresas, administración central, administraciones locales y departamentales y, finalmente, propietarios de la tierra y comunidades. Y cuarto, muchos de los conflictos escalan y se complican por debilidades de gobernanza, como la violencia en la puesta en marcha de los proyectos, la corrupción, la falta de transparencia o incluso el incumplimiento de los acuerdos firmados.

Finalmente,  a partir de numerosos ejemplos, podemos establecer algunas lecciones aprendidas. Primero, que hay que prevenir la conflictividad, lo que exige reforzar los mecanismos para planificar y reforzar el desarrollo rural y las políticas en pro de la participación en la toma de decisiones. Segundo, que la única manera de gestionar los conflictos, controlando la escalada hacia la violencia y al mismo tiempo posibilitando la investigación de resoluciones que permitan transformar el conflicto, es apostar por procesos de negociación y de diálogo transparentes. Y tercero, que, afortunadamente, los últimos años muestran que hay buenas lecciones que permiten transformar los conflictos y, al mismo tiempo, transformar la actividad extractiva.

Para concluir, hay que tener siempre bien presente que los problemas sociales estructurales, como la desigualdad y la marginación crónica, crean espacios fértiles para la proliferación de situaciones conflictivas y polarizadas en el contexto de la expansión de las industrias extractivas. La dimensión social agudiza el impacto de la dimensión ambiental.