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Entre Núremberg y Roma: La Relevancia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el Proceso de Creación y Consolidación de la Justicia Penal Internacional

Héctor Olásolo Alonso
Catedrático de Derecho Penal Internacional y Director de la Clínica Jurídica sobre Conflicto Armado, Derechos Humanos y Justicia internacional de la Universidad de Utrecht; Letrado de la Corte Penal Internacional (2004-2010); Miembro de la Fiscalía del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (2002-2004); y Miembro de la Delegación Española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (1999-2002)
Hèctor Olásolo Alonso

Héctor
Olásolo

Hace casi sesenta y cinco años, el 11 de noviembre de 1946, el Tribunal Penal Internacional con sede en Núremberg dictó sentencia en el caso contra veintitrés de los principales lideres políticos y militares del régimen nazi acusados de generar una guerra de agresión y de cometer durante la misma de manera sistemática crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un año después el Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente se pronuncio sobre la responsabilidad penal de los principales líderes políticos y militares japoneses por las masivas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

Nadie podría haber vaticinado en aquel entonces - cuando se estaba en el proceso de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, y los Convenios de Ginebra - que habría que esperar casi cincuenta años para que la Comunidad Internacional estableciese un nuevo Tribunal Penal Internacional con juridicción para investigar y enjuiciar los delitos mas graves para la Comunidad Internacional.

Sin embargo, el advenimiento de la llamada Guerra Fria bloqueó por completo el proyecto de creación de una Corte Penal Internacional que ya en 1949 estaba comenzando a ser preparado por la Comisión de Derecho Internacional. Desafortunadamente, hubo que esperar a la simbólica caida del muro de Berlín en 1989 y al posterior colapso de la Unión Soviética para que, una vez finalizada la Guerra Fría, las voces que llevaban casi medio siglo reclamando la existencia de una justicia penal internacional volvieran a ser consideradas de nuevo.

Fue en este contexto en el que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creo en su Resolución 827 de 25 de mayo de 1993 el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (en adelante "Tribunal para la ex Yugoslavia") con el objeto de investigar y enjuiciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario generadas por el radicalismo y la intolerancia en la que cayeron a finales de los años ochenta y principios de los años noventa varios de los movimientos nacionalistas surgidos en la antigua Yugoslavia tras la muerte de Tito en 1980.

De esta manera, se recurría de nuevo a la justicia penal internacional - aunque fuese a traves de un órgano judicial con carácter temporal y jurisdicción limitada al territorio de la antigua Yugoslavia (de ahí el apelativo de "ad hoc" con el que se le conoce) - para facilitar la reconciliación entre los distintos grupos nacionales y religiosos que habían convivido en paz y con relativa prosperidada tras la sangría a la que se habían previamente sometido durante la Segunda Guerra Mundial, y en la que había vuelto a caer a principios de los años 90.

Si el Tribunal para la antigua Yugoslavia ha sido capaz mediante sus investigaciones y enjuiciamientos de facilitar la reconciliación entre los distintos grupos nacionales y religiosos que habitan la región es algo que corresponde valorar a sociólogos y polítologos. Desde luego el cumplimiento de esta función no ha sido facil dado que el Tribunal para la ex Yugoslavia fue creado en medio del fragor del conflicto, y las personas objeto de su investigación tenían en muchos casos la consideraciòn de auténticos héroes de guerra. Además, sus creadores le privaron de las herramientas básicas para proceder a cuaquier tipo de reparación a las victimas más allá de la búsqueda de la verdad y el castigo de los máximos responsables de las atrocidades cometidas. A lo que hay que sumar el carácter ciertamente limitado de las acciones adoptadas durante sus primeros diez años de existencia para difundir sus actividades entre los habitantes de la ex Yugoslavia.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, no se puede desconocer que el Tribunal para la ex Yugoslavia ha jugado un panel único en el desarrollo de la justicia penal internacional, en cuanto que constituye el eslabón de unión entre los primeros esfuerzos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio por construir una auténtica justicia penal internacional, y la consolidación de esta última con la aprobación en 1998 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ha permitido la puesta en funcionamento desde el 1 de julio de 2002 de una Corte de carácter permanente y vocación de universalidad que tiene jurisdicción sobre los crímenes que más agravemente atentan contra la Comunidad Internacional: genocidio, crimenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y, una vez se proceda a su definición, el crimen de agresión.

Sin duda, dificilmente se hubiera alacanzado la situación actual si el Tribunal para la ex Yugoslavia, y posteriormente el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, no hubieran sido creados en 1993 y 1994, y no hubieran generado, sobre la base de los principios generales contenidos en las sentencias de los Tribunales Penales Internacionales con sede en Nuremberg y Tokio, un cuerpo de jurisprudencial sobre los elementos de la definición de los delitos internacionales, o sobre las formas de autoría y participación de los líderes políticos y militares en la comisión de dichos delitos, por citar solo algunos ejemplos.

Asimismo, la actuación del Tribunal para la ex Yugoslavia ha mostrado que, a pesar de las dificultades encontradas en un primer momento en materia de cooperación judicial y protección de testigos, la Comunidad Internacional puede encontrar, si existe la voluntad para ello, las medidas necesarias para incentivar a los Estados afectados a colaborar con la justicia penal internacional en la detenciòn y entrega de aquellos imputados que han ocupado cargos políticos y militares del más alto nivel. Sin duda la detención y entrega al Tribunal para la ex Yugoslavia de Slobodan Milosevic, Radovan Karadic, Moncilo Krajisnik, Bijbiana Plavic, Milan Milutinovic, Moncilo Pericic, Dragoljub Ojdanic, Ante Gotovina, o Sefer Halilovic, por poner solo algunos ejemplos, constituyen precedentes de singular importancia si se tiene en cuenta que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la ex Yugoslavia no puede hablarse de vencedores o vencidos a la vista de los Acuerdos de Dayton que a finales de 1995 pusieron fin a un conflicto que se había iniciado en la segunda mitad de 1991.

Si bien Ratko Mladic, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas serbio bosnias y presunto máximo responsable del diseño y puesta en marcha del exterminio de 7000 bosnio musulmanes tras la toma de la zona de seguridad de Srebrenica, no se puede desconocer que tras la detención y entrega de Slobodan Milosevic al Tribunal para la ex Yugoslavia a finales del año 2000, ha cambiado de manera significativa la percepción de que los líderes politicos y militares de más alto nivel sólo pueden ser sometidos a la justicia penal internacional si son previamente derrotados militarmente.

Este cambio de percepción ha jugado, sin duda, un papel importante en la posterior detención y entrega de Radovan Karadzic al Tribunal para la ex Yugoslavia, de Charles Taylor (ex Presidente de Liberia) a la Corte Especial para Sierra Leona, y de Jean Pierre Bemba (ex Vicepresidente de la República Democrática del Congo) a Corte Penal Internacional. La reciente emisión de una orden de arresto contra Omar Al Bashir, actual Presidente del Sudan, por su presunta responsabilidad penal como autor intelectual de los delitos de lesa humanidad y crimenes de guerra cometidos por las milicias Janjaweed y las Fuerzas Armadas del Sudán, no constituye sino un nuevo ejemplo de que, a día de hoy, la condición de Jefe de Estado en ejercicio que se encuentra en la cúspide de su poder político y militar en un pais con sustanciales recursos enérgeticos no excluye necesariamente la acción de la justicia penal internacional.

Finalmente, conviene no olvidar, que incluso en aquellos sectores en los que la actividad del Tribunal para la ex Yugoslavia no se ha mostrado como el modelo a seguir, como es el caso de la ausencia de acciones de justicia restaurativa o el limitado impacto de sus actividades de información pública y difusión, su existencia ha sido muy relevante en cuanto que ha permitido a los negociadores del Estatuto de Roma y a los operadores jurídicos de la Corte Penal Internacional adoptar las medidas necesarias para asegurar la participación de las vìctimas en el proceso penal ante la Corte, preveer un sistema comprehensivo de reparaciones (con inclusión de un fondo de reparación que atraiga donaciones de Estados, organizaciones y particulares de manera que se evite que la reparación a las víctimas dependa exclusivamente de los bienes que consigan incautar a los condenados), y dar prioridad a la función de información pública y difusión de la actuación de la Corte en aquellas regiones objeto de sus investigaciones y enjuiciamientos.